Es indudable que quienes consumen drogas no solo presentan los riesgos inherentemente asociados, desafortunadamente, las instituciones los han colocado en una situación de desventaja social y de salud, pues generalmente son estigmatizados, discriminados, e incluso se les llega a negar la atención. Esta situación demanda la implementación de políticas públicas y programas más integrales, que respeten los derechos humanos y mantengan un enfoque de territorialización y sean sensibles a las condiciones socioculturales, al ciclo de vida y al género. Una de estas políticas consiste en la operación de programas de Reducción de Daños (RD)